Filipinas advierte a exvocero de Duterte que regrese en medio de acusaciones por estafas de un POGO
El gobierno filipino le solicita a Harry Roque Jr. (en la imagen), exvocero y colaborador cercano del expresidente Rodrigo Duterte, que regrese al país luego de que lo vieran en los Países Bajos, presuntamente evadiendo una orden de arresto emitida por la Cámara de Representantes. Roque, quien compareció ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el 14 de marzo de 2025, enfrenta cargos por trata de personas relacionados con una operación ilegal de juegos de azar en el extranjero.
Roque fue visto junto a la vicepresidenta Sara Duterte y el senador Robin Padilla y declaró que tiene la intención de unirse al equipo legal del expresidente Rodrigo Duterte, quien fue arrestado el 11 de marzo y enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad ante la CPI.
La Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado (PAOCC) y el Grupo de Investigación y Detección Criminal de la Policía Nacional de Filipinas (PNP-CIDG) presentaron cargos contra Roque por presuntos vínculos con Lucky South 99, un centro de Operadores de Juegos Offshore (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO) de Filipinas allanado en Pórac, Pampanga.
Las autoridades afirman que Roque facilitó las operaciones dentro del establecimiento de juego ilegal, que estaba involucrado en la trata de personas y actividades financieras ilícitas.
Una ruta de escape similar a la de Alice Guo
Desde Inmigraciones creen que Roque pudo haber huido del país a través de una ruta marítima no vigilada vía Tawi-Tawi, un método utilizado anteriormente por la exalcaldesa de Bambán, Alice Guo. El director de la Oficina de Inmigración (OI), Joel Viado, sugirió que Roque y Guo aprovecharon la falta de seguridad en la frontera para escapar a Malasia antes de dirigirse a otros destinos.
Guo, fue arrestado recientemente en Indonesia y está vinculado con organizaciones criminales chinas y delitos de lavado de dinero. El gobierno se encuentra bajo presión para reforzar los controles fronterizos y prevenir la salida de exfuncionarios.
Un comité de la Cámara investiga los cargos de los POGO
Mientras tanto, el Comité Cuadrilateral de la Cámara de Diputados de Filipinas planea realizar una investigación sobre el estado de la orden de arresto emitida contra Roque y los casos presentados en su contra. El secretario general de la Cámara, Reginald Velasco, confirmó que el comité tiene como objetivo abordar la situación lo más pronto posible para defender el Estado de derecho y garantizar la rendición de cuentas.
El secretario de Justicia, Crispin Remulla, cuestionó la decisión de Roque de solicitar asilo político en los Países Bajos, y señaló que aún no se ha presentado ninguna demanda en su contra. También expresó su preocupación por las implicaciones de las acciones de Roque para el sistema legal del país y su reputación internacional.
Los cargos contra Roque han reavivado el debate sobre la regulación y supervisión de las operaciones de POGO en Filipinas. Los críticos argumentan que la falta de regulaciones ha provocado un aumento del delito, como la trata de personas y el lavado de dinero, asociadas con estos operadores de juegos de azar en el extranjero.
El gobierno enfrenta una creciente presión para implementar medidas más estrictas y monitorear y regular las actividades de los POGO a fin de evitar que haya más operaciones ilícitas y proteger a las personas vulnerables contra la explotación.
La participación de Roque en los procedimientos de la CPI y sus presuntos vínculos con operaciones ilegales de los POGO llamaron la atención internacional. A medida que avanzan las investigaciones, es probable que el gobierno filipino tenga más en cuenta las repercusiones legales y diplomáticas de las acciones de Roque, mientras aborda los problemas más complejos que rodean las operaciones de los POGO.
