El Departamento Judicial de San Isidro, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, ordenó bloquear 537 sitios de apuestas ilegales por infracción al artículo 301 bis del Código Penal argentino, que sanciona la explotación no autorizada de juegos de azar. La causa contó con el impulso de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) y del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC)
Una causa que investiga la explotación no autorizada de juegos de azar
La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro, a cargo del doctor Patricio Ferrari, logró que se ordenara el bloqueo de quinientos treinta y siete sitios web dedicados a la explotación de juegos de azar y apuestas online sin autorización, en una causa que investiga infracciones al artículo 301 bis del Código Penal, la norma que sanciona la explotación no autorizada de juegos de apuestas en Argentina. La medida llegó después de diligencias probatorias que había impulsado la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que venía advirtiendo sobre el crecimiento de plataformas sin licencia que operaban por fuera de cualquier marco regulatorio y carecían de los controles y certificaciones exigidos para garantizar la transparencia de los juegos y la aleatoriedad de sus resultados.
El rol del Instituto Provincial de Lotería y Casinos en el operativo
Quien impulsó buena parte de esta investigación desde el sector regulado fue el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, el organismo estatal que administra y controla los juegos de azar en territorio bonaerense desde 1992, con manejo propio de sus fondos y de sus reglamentos internos, y con respaldo en el Decreto 1170/1992 y en la Ley provincial 11.536, que lo designa autoridad de aplicación de todo lo relacionado con casinos y loterías en la Provincia. Su presidente, Gonzalo Atanasof, resumió el sentido del operativo: “cada sitio ilegal que logramos bloquear es una puerta menos de acceso a un circuito clandestino que no protege a los jugadores, no verifica la identidad de quienes ingresan y permite el acceso de menores de edad”. El fiscal Ferrari, por su parte, remarcó que la cooperación entre organismos públicos y privados es lo que sostiene este tipo de causas en el tiempo, porque un bloqueo aislado no alcanza si no hay una estructura de trabajo conjunto entre la Justicia, el sector privado y los reguladores del juego.
Fallas de identidad, dificultades para cobrar y riesgos para adolescentes en sitios no autorizados
La investigación determinó que muchos de estos sitios presentan graves deficiencias en sus mecanismos de verificación de identidad, lo que facilita el acceso de menores de edad y favorece su temprana exposición al juego online. También reveló modalidades de funcionamiento en las que las posibilidades reales de retiro de premios o ganancias resultan significativamente limitadas, algo que agrava el perjuicio económico para los usuarios que ya apostaron dinero en esas plataformas. Además, desde la Fiscalía advirtieron que las organizaciones detrás de estos sitios suelen ofrecerles a adolescentes y jóvenes la tarea de recibir o mover el dinero de las apuestas, por ejemplo, cobrando transferencias o retirando efectivo, a cambio de pequeñas comisiones, lo que termina acercándolos progresivamente a estructuras delictivas vinculadas a la explotación clandestina del juego. Frente a este riesgo, se remarcó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención dirigidas a familias, instituciones educativas y la comunidad en general.
Un bloqueo técnico que requiere monitoreo permanente
El bloqueo se hizo efectivo a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo nacional que regula las telecomunicaciones en Argentina, que coordinó con las empresas de internet para que esos sitios dejaran de ser accesibles desde el país.. Tanto la Fiscalía como el Instituto Provincial reconocen que esta es una medida dinámica, que exige un monitoreo permanente debido a la constante aparición de nuevas plataformas ilegales, y que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables y adoptar nuevas medidas para neutralizar su funcionamiento.
Quinientos treinta y siete dominios menos no cierran el problema del todo, muestran una fotografía de un momento determinado en un mercado al margen de la regulación, que se rearma todas las semanas con nombres nuevos.
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