La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) confirmó una reforma que cambia literalmente las reglas del juego para las 25 salas que operan de forma legal en Chile. El organismo, encargado de fiscalizar que esas salas cumplan la normativa vigente, se unió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para anunciar un endurecimiento conjunto de los controles contra el lavado de activos, una decisión que llevaba más de una década pendiente.
Once años sin tocar las reglas del juego en Chile
Durante más de una década, la normativa que ordenaba a los casinos chilenos prevenir el lavado de activos permaneció prácticamente intacta. Las Circulares UAF N°50 y SCJ N°57, ambas de 2014, fueron el marco vigente mientras el mundo cambiaba a su alrededor: nuevas tecnologías de pago, nuevas rutas del dinero ilícito, nuevos estándares internacionales que Chile debía seguir si quería mantenerse alineado con los organismos globales de fiscalización financiera.
Ese vacío temporal terminó con la Circular Conjunta N°63 de la UAF y N°150 de la SCJ, que deroga las normas anteriores y las reemplaza por un cuerpo regulatorio construido, según explican ambas entidades, sobre un enfoque basado en riesgos. Esto significa, en términos simples, que ya no todos los clientes ni todas las operaciones se tratarán igual: los casinos deberán identificar quiénes representan mayor riesgo y aplicar controles más estrictos sobre esas personas y transacciones.
Aquí está el corazón del asunto, el motivo real por el que esta noticia importa incluso a quienes jamás han pisado un casino. El dinero presuntamente proveniente del lavado de activos, no necesita mucho para camuflarse: una mesa de juego, un premio cobrado, una ficha convertida en efectivo. Por eso la actualización no es un trámite burocrático más, sino un intento de cerrar una puerta que la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo llevan años usando en distintas partes del mundo.
Comités, oficiales y una nueva arquitectura de control para la industria del juego
La reforma obliga a las sociedades operadoras y a las concesionarias municipales de casinos a crear un Comité de Prevención dentro de sus estructuras internas, y eleva las exigencias sobre la figura del Oficial de Cumplimiento, el funcionario encargado de detectar y reportar movimientos sospechosos. También se actualizan las reglas sobre los registros internos, el tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente, los manuales de prevención y la capacitación obligatoria del personal.
Todo esto se apoya en un marco legal que ya existía, pero que necesitaba ponerse al día. La Ley N°19.913 le entrega a la UAF la misión de evitar que el sistema financiero y otros sectores económicos sean usados para lavar activos o financiar el terrorismo, y le permite dictar instrucciones generales a quienes están obligados a cumplirlas. La Ley N°19.995, por su parte, le da a la SCJ la facultad de vigilar a las operadoras de casinos y de emitir sus propias instrucciones para garantizar que la normativa se aplique de manera correcta.
Una alianza que se fraguó en terreno, no en un escritorio
Lo que distingue a esta actualización de un simple ajuste técnico es el origen del trabajo conjunto. El Superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres, lo resumió así: “la actualización de esta normativa es fruto de una relación de trabajo estrecha entre la UAF y la SCJ. Más de la mitad de las fiscalizaciones realizadas durante 2025 en materia de prevención del lavado de activos se efectuaron de manera conjunta, lo que ha fortalecido el conocimiento mutuo, las capacidades técnicas de ambos equipos y la coordinación institucional”. No se trata, entonces, de una norma redactada a puerta cerrada, sino del resultado de fiscalizaciones compartidas, de funcionarios de dos instituciones distintas sentados frente a los mismos libros contables durante todo un año.
El Director de la UAF (s), Marcelo Contreras, añadió que la Circular busca actualizar un marco que llevaba más de una década sin cambios sustantivos, incorporando estándares internacionales y reforzando un sistema capaz de adaptarse a la evolución de los riesgos en un sector relevante para la economía del país.
Chile da a sus casinos hasta octubre para ajustarse
La norma entra en vigor el 1 de octubre de 2026, un plazo que da a los 25 casinos del país meses para ajustar procesos, capacitar personal y formar sus comités internos. Entre medio quedan preguntas abiertas: cuántos de esos comités funcionarán de verdad o cuántos oficiales de cumplimiento tendrán el peso institucional necesario para frenar una operación sospechosa.
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