Un ciudadano de Corea del Sur que era buscado por operaciones ilegales relacionadas con el juego en línea fue arrestado el 9 de julio por agentes de la Unidad de Búsqueda de Prófugos (FSU) de la Oficina de Inmigración de Filipinas en coordinación con las autoridades coreanas y el Distrito de Policía de Manila.
Según la agencia, el sospechoso, identificado como Lee Yong Jae, fue detenido en un edificio de la calle Bocobo, Barangay 698, Malate, Manila. Las autoridades confirmaron que es objeto de una Notificación Roja de Interpol y de una orden de arresto emitida por el Tribunal de Distrito de Bukbu de Seúl, Corea del Sur.
Las autoridades surcoreanas describieron a Lee como un “inversor ilegal de alto valor” responsable de múltiples plataformas de apuestas ilícitas dirigidas tanto a usuarios coreanos como filipinos. Las autoridades indicaron que, desde 2022, el sospechoso habría lanzado varios sitios web de bacará, incluido uno llamado “Phoenix”, que operaba mediante transmisiones en vivo desde hoteles-casinos del sudeste de Asia y diversas cuentas bancarias para facilitar las transacciones de apuestas.
Las investigaciones de las autoridades coreanas revelaron que las operaciones de Lee generaron aproximadamente 215 mil millones de wones (155,9 millones de dólares) en ingresos. Un comunicado de la Embajada de Corea en Manila, con fecha del 16 de octubre de 2024, confirmó la condición de fugitivo de Lee y lo describió como una “grave amenaza para la seguridad pública”.
Pedidos existentes y cargos locales
Los registros de la Oficina de Inmigración muestran que Lee tenía dos antecedentes antes de su arresto: una orden de inclusión en una lista negra emitida el 16 de enero de 2025 y una orden de inclusión en una lista de vigilancia con fecha del 21 de octubre de 2024, ambas emitidas por motivos de falta de idoneidad y por estar prófugo de la justicia.
Tras su arresto, Lee fue transferido a la custodia de la estación de policía de Ermita, donde también enfrenta cargos relacionados con drogas bajo la Sección 11 de la Ley de la República 9165, o Ley Integral de Drogas Peligrosas de 2002. Esta sección cubre la posesión de drogas peligrosas, aunque las autoridades aún no han publicado detalles completos sobre el cargo.
La Oficina de Inmigración ha iniciado un proceso de deportación contra Lee, que se llevará a cabo en paralelo al caso penal local que ahora enfrenta.
Aplicación de la ley y cooperación regional
La operación de arresto refleja los esfuerzos más amplios de la Oficina de Investigación Criminal (BI) para modernizar las operaciones de seguridad y mejorar la coordinación internacional en la búsqueda de delincuentes transnacionales. Forma parte del esfuerzo continuo del gobierno para cumplir con la directiva del presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. de fortalecer el control fronterizo y la aplicación de la ley en el marco de la agenda de Bagong Filipinas.
En un comunicado, el Comisionado de BI, Joel Anthony Viado, elogió los esfuerzos coordinados que llevaron al arresto de Lee. “Mantenemos firme nuestro compromiso de depurar nuestras fronteras de prófugos que utilizan Filipinas como refugio”, declaró Viado. “Esto concuerda con el llamado del presidente a una aplicación firme de la ley y una mayor protección fronteriza, en el marco de la agenda de Bagong Pilipinas. Los delincuentes no encontrarán refugio aquí”.
Agregó que los agentes de la FSU involucrados en la operación actuaron con rapidez y eficacia al ejecutar el arresto con el apoyo de sus pares coreanos y del Distrito de Policía de Manila.
El carácter transfronterizo de los grupos de apuestas en el juego ilegal
El arresto de Lee surge tras la creciente preocupación, tanto en Corea del Sur como en Filipinas, por el carácter transfronterizo de las mafias de apuestas ilegales. Estas operaciones suelen aprovecharse de las lagunas regulatorias, el anonimato en línea y las redes financieras regionales para evadir a las autoridades.
Las autoridades filipinas han reiterado su postura de que el país no debe convertirse en un refugio para prófugos de la justicia extranjeros. La Oficina de Inmigración afirmó que continúa colaborando estrechamente con la Interpol, las embajadas extranjeras y unidades policiales locales para monitorear, rastrear y detener a personas que tienen una orden de arresto internacional.



