Illinois aborda los casinos en línea ilegales
La Junta de Juegos de Illinois (IGB), en colaboración con la Oficina del Fiscal General, ha emitido más de 60 cartas de cese y desistimiento a operadores de casinos y sorteos en línea sin licencia ni regulación.
El administrador del IGB, Marcus D. Fruchter, subrayó los riesgos en un comunicado: “Las operaciones ilegales de juego online amenazan la protección del consumidor, socavan las salvaguardas de juego responsable y son contrarias al interés público en un mercado del juego regulado. El IGB seguirá evaluando todas las herramientas regulatorias y de aplicación de la ley disponibles para combatir el juego ilegal y proteger a los residentes de Illinois”.
Entre los operadores señalados figuran Chumba Casino, Fluff, LuckyLand Slots y Stake. Los operadores que ignoren estas órdenes de cese y desistimiento podrían enfrentarse a multas, cargos penales y demandas civiles.
El fiscal general Kwame Raoul reforzó el mensaje: “La ley es clara: el juego en Illinois debe estar debidamente autorizado y regulado. Los operadores de juego sin licencia ponen en riesgo a los consumidores de Illinois y socavan la integridad de nuestro mercado del juego regulado. Seguiremos trabajando con el Illinois Gaming Board para proteger a nuestros residentes y exigir responsabilidades a los operadores ilegales”.
Marco regulatorio
Según la Ley de Regulación del Juego de Illinois, la norma establece los requisitos de licencia, las reglas operativas y las facultades de supervisión del IGB, el principal regulador estatal. Los operadores deben someterse a comprobaciones de antecedentes de distintos grupos de interés, revelar información financiera para demostrar estabilidad y cumplir, entre otros, con programas de juego responsable.
Las apuestas deportivas se legalizaron en 2019 con la ampliación de la Ley de Regulación del Juego. Sin embargo, los casinos en línea siguen siendo ilegales. De forma reiterada, los legisladores han presentado proyectos de ley —como el proyecto de ley 4797 este año— que proponen un marco de legalización, con protecciones laborales y salvaguardas del juego.
Una tendencia nacional
Illinois forma parte de una ofensiva más amplia. El año pasado se emitieron cientos de órdenes de cese y desistimiento en todo el país, con estados como Nueva York y California prohibiendo directamente a los operadores de sorteos.
En Indiana, la Cámara de Representantes ha avanzado una prohibición de los sorteos al Senado, mientras que en Misisipi el Senado aprobó un proyecto de prohibición que se estancó después de que la Cámara añadiera lenguaje sobre apuestas deportivas online en 2025.
En Dakota del Sur, el Comité de Fiscalidad del Senado avanzó recientemente la Resolución Conjunta del Senado 504, que llevaría las apuestas deportivas online a la papeleta de 2026. Los votantes ya habían aprobado las apuestas presenciales en la ciudad histórica de Deadwood en 2020.
En Virginia, avanzan múltiples proyectos de ley sobre el juego, incluido el proyecto de ley 161, que vincula la legalización de los casinos online a la aprobación legislativa en 2026 y 2027. Más al sur, Luisiana aprobó las apuestas deportivas en 2020 por parroquias, con la “geolimitación” obligatoria en nueve de ellas. El proyecto de ley 72 podría ampliar los referendos locales para cubrir casinos, carreras de caballos y póquer de vídeo.
Mientras tanto, en Alaska se ha propuesto el proyecto de ley 145, que plantea la legalización de las apuestas deportivas online en 2025. Permitirá hasta 10 licencias de casas de apuestas y un impuesto del 20 % sobre los ingresos.
Protección del consumidor
Los operadores sin licencia suelen carecer de herramientas de juego responsable como programas de autoexclusión, límites de depósito y verificación de edad. Sin estas salvaguardas, los consumidores afrontan mayores riesgos de fraude, impagos de premios y vulneraciones de la privacidad de datos. Los operadores con licencia, en cambio, deben pagar impuestos y tasas, someterse a auditorías y pasar inspecciones para garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas.
En Illinois, por ejemplo, los residentes cuentan con varias vías legales y recursos administrativos para reclamar pérdidas derivadas de plataformas sin licencia, incluidos fraudes de inversión, estafas con criptomonedas y prácticas comerciales engañosas.
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