La Comisión Europea dio el visto bueno a dos normas clave notificadas por Irlanda en el ámbito del juego público. Concluido el período de suspensión requerido por los procedimientos de la UE, Dublín puede aplicar las nuevas disposiciones introducidas en virtud de la Ley de Regulación del Juego de 2024. Las medidas aprobadas marcan un paso significativo en el proceso de reforma y se centran en dos cuestiones principales: la duración de las licencias B2C (entre empresas y consumidores) y la definición de las tasas correspondientes de solicitud.
Las licencias B2C tendrán validez de tres años
El primer reglamento, titulado Reglamento de Juego (Licencias de Actividades de Juego) 2025, establece la duración de las licencias Business to Consumer en tres años. Según la Autoridad Reguladora del Juego de Irlanda (GRAI), esta elección refleja un enfoque gradual: un período limitado permite que todas las categorías de operadores se incorporen plenamente antes de que comiencen los ciclos de renovación, garantizando así una transición fluida al nuevo sistema de supervisión.
Condiciones específicas para el juego remoto
Uno de los aspectos más relevantes concierne a las licencias de juego remoto. Además de los requisitos ya establecidos en el Capítulo 9 de la Ley de Regulación del Juego de 2024, el reglamento introduce condiciones adicionales. En la fase inicial, las verificaciones técnicas estándar sobre el software y la integración en tiempo real con el registro nacional de autoexclusión no serán posibles, ya que estas herramientas aún no estarán operativas. La GRAI, sin embargo, podrá llevar a cabo estas verificaciones en una etapa posterior, una vez que se establezcan los estándares técnicos y registros.
Nuevos cargos de solicitud para licencias
El segundo texto, el Reglamento para aplicar cargos en la solicitud de licencia de juego 2025, define el valor de la solicitud. Abarca tanto las actividades de apuestas como de juego, presenciales y en línea, los cargos se estructuran como importes fijos, diferenciados según tramos de facturación y el tipo de licencia. El objetivo es garantizar que los costes sean proporcionales a la escala económica real del operador.
Criterios de cálculo
El cálculo tiene en cuenta la facturación declarada en el ejercicio financiero anterior o, para los nuevos participantes, los ingresos estimados durante los primeros doce meses de operaciones. Las tablas anexas establecen una clara distinción entre diferentes formas de actividad: apuestas en hipódromos y en locales autorizados, apuestas remotas y corretaje en línea, licencias de juego presenciales y licencias de juego remoto que abarcan productos como tragamonedas, ruleta o blackjack. Según la GRAI, la estructura de cargos refleja un análisis cuidadoso de los costes administrativos y está diseñada para garantizar un sistema sostenible en todo el sector.
Un pilar del nuevo marco regulatorio
Con la adopción de estas dos normas, Irlanda da otro paso decisivo hacia la plena implementación de la Ley de Regulación del Juego de 2024. El nuevo marco busca crear un mercado de juego más transparente, construido sobre reglas claras de licenciamiento y supervisado por una autoridad independiente. La hoja de ruta legislativa incluirá pronto medidas adicionales destinadas a reforzar la protección de los consumidores y mejorar la supervisión del mercado, en línea con las mejores prácticas internacionales.
Una fuerte señal política
El visto bueno de la Comisión Europea no solo representa una validación de la conformidad de las nuevas normas de Irlanda con los estándares de la UE, sino también una fuerte señal política. Irlanda aspira a establecer un enfoque regulatorio moderno y proporcionado que fomente el crecimiento del sector al mismo tiempo que garantice un alto nivel de protección para los jugadores. En los próximos meses, la atención se centrará en la implementación, una fase crucial para poner a prueba la eficacia de las nuevas normas y la capacidad de la GRAI para guiar al mercado hacia una mayor responsabilidad.
Este artículo se publicó por primera vez en italiano el 22 de septiembre de 2025.
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