“Las máquinas de juegos solo pueden operar dentro del marco legal”, advierte la Comisión de Juegos de Puerto Rico
En un nuevo operativo de fiscalización, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico informó sobre la incautación de cerca de 30 máquinas tragamonedas ilegales y de más de USD 8,300 en efectivo, bajo las disposiciones del Reglamento de Confiscaciones recientemente implementado.
Fiscalización en dos municipios bajo el nuevo reglamento
La intervención se llevó a cabo en dos establecimientos de la zona metropolitana de San Juan, Puerto Rico, donde personal de la Comisión, junto a agentes de la Policía, procedió a incautar máquinas no autorizadas. Según explicó la comisión, el operativo se realizó como parte de los esfuerzos de cumplimiento tras la entrada en vigor del Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, adoptado conjuntamente por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico.
Asimismo, la Comisión destacó que esta intervención constituye el segundo operativo formal bajo el nuevo reglamento, que busca establecer procedimientos uniformes para el manejo, la documentación y el destino final de las máquinas incautadas, y reforzar el marco legal existente.
“Quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones y penalidades”
Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos, volvió a transmitir el mensaje de cumplimiento a los comerciantes y operadores. En declaraciones oficiales, sostuvo: “Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”. Según el funcionario, la agencia viene advirtiendo desde hace meses sobre la necesidad de regularizar las operaciones y de cumplir con los requisitos establecidos.
Además, Santaella Marchán recordó que el reglamento vigente previó un periodo de transición para que los operadores y propietarios pudieran ponerse al día con las disposiciones de la nueva ley. En consecuencia, insistió en que el desconocimiento o la demora ya no constituye excusa. Es decir, quienes mantengan máquinas sin licencia vigente o fuera de la ruta autorizada podrían enfrentar consecuencias legales directas, según lo prevé la legislación aplicable.
Coordinación con la Policía y advertencia de sanciones
Mientras tanto, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, resaltó el componente de seguridad pública asociado a este tipo de operativos. En sus declaraciones indicó: “La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”.
Además, González enfatizó que este tipo de intervenciones se llevan a cabo siguiendo protocolos predefinidos para que la confiscación de equipos y de dinero en efectivo sea transparente y quede registrada. Además, enfatizó que el objetivo primordial es desincentivar el uso de equipos no registrados, que perjudican las ganancias del Estado y promueven prácticas fuera de la regulación.
Según la Comisión, la ley dispone que todo dueño, operador o propietario de un negocio que mantenga una máquina ilegal incurre en un delito menos grave, con una pena de hasta seis meses de cárcel o multas que podrían alcanzar los USD $10,000, o bien ambas penalidades a discreción del tribunal. Además, existe la posibilidad de revocar definitivamente los permisos operacionales, lo que convierte estas infracciones en un asunto de alto riesgo para los comercios involucrados.
Fondos del juego: 55% a Policía de Puerto Rico
En cambio, la operación legal de las máquinas debidamente certificadas genera un ingreso importante que se distribuye de forma específica. La Comisión informó que los recaudos derivados del juego autorizado se reparten en un 55 % al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40 % a los municipios y el 5 % restante se destina a gastos operativos de la propia Comisión de Juegos. Por tanto, la eliminación de máquinas ilegales no solo tiene un efecto regulatorio, sino también fiscal, pues garantiza que los fondos generados lleguen a las entidades beneficiarias establecidas por la ley.
La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico reafirmó, con este operativo, su postura de fiscalización estricta conforme al reglamento vigente. Las ocupaciones, el trabajo conjunto con la Policía y la exhortación a la ciudadanía reflejan una política de control sostenido del juego ilegal en el país.
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