El Tribunal Supremo de Austria responsabiliza a directivos por pérdidas en el juego
El Tribunal Supremo de Austria, también conocido como Oberster Gerichtshof (OGH), ha dictaminado que los directores de empresas pueden ser considerados personalmente responsables de las pérdidas de los jugadores en disputas de juego en línea si se demuestra la existencia de infracciones de responsabilidad extracontractual. La decisión introduce un nuevo riesgo legal para los operadores, especialmente aquellos con sede fuera de Austria, y señala un cambio en el enfoque del país respecto a la aplicación transfronteriza.
La sentencia sigue a una reciente opinión jurídica del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Nicholas Emiliou, emitida en relación con el prolongado caso Wunner, que ha sido clave en las disputas sobre compensación a jugadores y ejecución transfronteriza.
El abogado general concluyó que las pérdidas en el juego pueden considerarse responsabilidad extracontractual, es decir, una rama del derecho civil. Esto las sitúa dentro del ámbito del daño civil, permitiendo reclamaciones por perjuicios económicos en lugar de limitar los litigios a obligaciones contractuales.
Alivio para los solicitantes de compensación del caso Wunner
En el centro de la cuestión se encuentra una larga serie de casos, comúnmente conocidos como el litigio Wunner, en los que jugadores austriacos han solicitado compensación a operadores que no contaban con licencias nacionales. Los tribunales austriacos han determinado repetidamente que dichos operadores vulneran el modelo de monopolio del país, lo que invalida los contratos con los jugadores y abre la puerta a reclamaciones de reembolso.
Las resoluciones recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a ir más allá. Al extender la responsabilidad a los directores, los jueces intentan sortear las limitaciones prácticas de la ejecución transfronteriza, donde puede resultar difícil perseguir a las entidades corporativas. Esta medida debilita la separación tradicional entre la empresa y su dirección, convirtiendo a las personas físicas en un objetivo directo de las reclamaciones.
Conflicto con la Ley 55 de Malta
Esta sentencia podría situar a Austria en una confrontación directa con Malta, donde un gran número de empresas de juego en línea están autorizadas. En 2023, Malta aprobó la Ley 55, añadiendo el artículo 56A a su Ley del Juego, que permite a los tribunales locales rechazar la ejecución de sentencias extranjeras si se considera que entran en conflicto con el orden público nacional.
Las autoridades maltesas sostienen que la ley busca proteger su marco regulatorio y que es compatible con las normas de la Unión Europea sobre la libre prestación de servicios. En la práctica, los tribunales de Malta ya la han utilizado para bloquear resoluciones austriacas, incluido un caso a principios de este año en el que un jugador solicitaba un reembolso significativo.
Sin embargo, Austria lo ve de forma distinta. El Tribunal Supremo austriaco ha argumentado que estas negativas vulneran el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Ha remitido partes del asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando si la posición de Malta es compatible con el Reglamento Bruselas I bis sobre ejecución transfronteriza.
En el fondo, la cuestión radica en cómo cada país regula el sector. Austria sigue un modelo de monopolio respaldado por el Estado, mientras que Malta ha desarrollado un sistema de licencias utilizado por operadores en toda Europa. Los críticos de la postura de Malta sostienen que limita la capacidad de los jugadores para recuperar pérdidas, mientras que sus defensores argumentan que Austria está aplicando sus normas de forma retroactiva a empresas que actuaban dentro del marco legal de la Unión Europea.
Si la sentencia se mantiene, los directivos implicados en operaciones transfronterizas podrían enfrentarse a responsabilidad legal personal en mercados donde sus empresas no disponen de licencia. Cómo se aplicará esto en la práctica aún no está claro. Con nuevas remisiones pendientes ante los tribunales europeos, el litigio sigue en curso. Tanto Austria como Malta mantienen sus posiciones mientras el asunto avanza en el proceso legal de la Unión Europea.
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