Modernización del juego en México impulsa miles de millones
El sector del juego en México mueve miles de millones de pesos anualmente, genera alrededor de 60,000 empleos directos y atrae inversión tanto nacional como extranjera. Sin embargo, esta actividad económica tan relevante aún se rige por una Ley Federal de 1947, desfasada en cuanto a los retos tecnológicos y la oferta digital actual. El crecimiento vertiginoso del iGaming y las apuestas deportivas presentan nuevas fuentes potenciales de ingresos fiscales que podrían duplicar la recaudación si se modernizan las políticas regulatorias y fiscales.
Impacto económico del juego tradicional y digital en México
Actualmente, en México operan 38 permisionarios o concesionarios que manejan 423 casinos presenciales en 30 estados, contribuyendo con 13,000 millones de pesos en impuestos cada año, además de la generación de 60,000 empleos directos, datos confirmados por medios locales y la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA). Sin embargo, el tamaño real del mercado de juego va mucho más allá. En 2024, el iGaming reportó ingresos por 2,700 millones de dólares, con expectativas de que los casinos en línea pasen de 160 millones en 2017 a 1,290 millones de dólares en 2028. También las apuestas deportivas crecieron de 590 millones a una proyección de 1,740 millones de dólares en el mismo periodo, impulsadas en parte por eventos importantes como la Copa Mundial 2026. El verdadero apogeo digital se fortalece con más de 100 millones de usuarios de Internet y la accesibilidad móvil creciente, que permiten incrementar las apuestas a través de plataformas digitales. Por ejemplo, solamente los juegos transmitidos en vivo ya aportan más de 6,000 millones de pesos en impuestos federales cada año.
Desfase regulatorio y riesgos de evasión fiscal
A pesar del peso económico del sector, el mercado mexicano se rige por una ley obsoleta de 1947, que no contempla la existencia de plataformas digitales ni la evolución tecnológica de medios de pago o eSports. Esto genera un entorno competitivo con vacíos regulatorios que favorecen la evasión fiscal, estimada en cerca del 60% para el juego en línea, donde las apuestas se realizan en sitios sin permisos oficiales. Esta evasión implica pérdidas fiscales que podrían alcanzar hasta 10,000 millones de pesos anuales, una cifra significativa que debilita la capacidad de recaudación del Estado, según comunicados oficiales de AIEJA.
Avances y propuestas hacia una política fiscal moderna
Desde noviembre de 2024, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la AIEJA conforman una mesa técnica que se reúne quincenalmente para generar un proyecto de ley que sustituya la legislación de 1947. El foco está puesto en unificar los impuestos federales, estatales y municipales bajo un único esquema simplificado, además de fortalecer la supervisión y regulación de las plataformas digitales. El anteproyecto incluye licencias específicas para iGaming, sistemas de bloqueo de IP para sitios sin autorización y controles de verificación de edad en tiempo real. También se plantean severas sanciones económicas y clausuras definitivas para reincidentes. Esta política busca fomentar la formalidad, atraer inversión extranjera y evitar que los operadores legales pierdan terreno frente a la oferta no regulada. Se prevé que la unificación fiscal podría duplicar la recaudación actual, que ya supera los 13,000 millones de pesos anuales.
Potencial para duplicar ingresos fiscales con reglas claras
El potencial económico del juego, especialmente en su vertiente digital, es enorme y apenas está aprovechado, primero por la falta de un marco fiscal y regulatorio adecuado. México tiene un mercado maduro con infraestructura digital masiva, más del 83% de la población conectada y un crecimiento acelerado en apuestas deportivas y casinos digitales. Sin embargo, sin una actualización integral que emita reglas claras y ventanillas únicas de permisos, la evasión seguirá siendo alta y la recaudación ineficiente. Con un nuevo marco que fomente la transparencia y la regulación moderna, la industria podría convertirse en una fuente estable de ingresos públicos para distintos niveles de gobierno, duplicando las cifras actuales y cerrando grandes brechas tributarias. El escenario favorece una política fiscal moderna que asegure cero corrupción y extorsiones, condiciones indispensables para consolidar un mercado ético y competitivo.
La modernización del juego en México no es solo un asunto económico, sino también una necesidad para una gestión pública efectiva y un entorno empresarial competitivo y seguro. Según AIEJA, la mesa técnica instalada y las conversaciones en Palacio Nacional marcan un camino hacia una política de Estado que, sin duda, requerirá voluntad y claridad para implementarse plenamente y captar todos los beneficios económicos disponibles.
