OG, la plataforma de Crypto.com, demanda a Washington tras la orden judicial contra Kalshi
OG, la plataforma de mercados de predicción de Crypto.com, ha presentado una demanda contra el estado de Washington para tratar de bloquear posibles medidas de ejecución contra su oferta de contratos sobre eventos.
La demanda se produce después de que Washington obtuviera una orden judicial preliminar contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi y sostiene que las declaraciones públicas y las acciones legales del estado han creado una amenaza creíble de medidas similares contra OG.
La empresa sostiene que sus mercados de predicción son productos financieros regulados a nivel federal, mientras que Washington considera que muchos contratos relacionados con el deporte constituyen juego ilegal conforme a la legislación estatal.
La demanda de OG
La reciente sentencia de un tribunal de Washington contra Kalshi se consideró un punto de inflexión en el debate sobre los mercados de predicción. Un juez local dictaminó que los contratos deportivos de Kalshi vulneran la normativa sobre juego y que, en este ámbito, la legislación regulatoria federal no prevalece sobre las leyes estatales. La resolución aportó a los reguladores argumentos para sostener que los mercados de predicción deportivos funcionan de forma similar a las apuestas tradicionales, independientemente de que dispongan o no de una licencia federal.
OG, el operador de Crypto.com, reaccionó con rapidez y presentó una demanda federal apenas dos días después de la sentencia. La empresa argumentó que las orientaciones y declaraciones públicas previas de Washington ya suponían una amenaza inmediata, por lo que era necesaria la intervención judicial.
Según OG, no se trata simplemente de un ejemplo de riesgo potencial derivado de las actuaciones de Washington, sino de una prueba de su clara intención de aplicar la legislación sobre juego a los mercados de predicción que ofrecen contratos deportivos. De hecho, OG señaló como prueba de esta estrategia de ejecución la participación del estado en la presentación de escritos de amici curiae conjuntos de varios estados en apoyo de la regulación estatal de los mercados de predicción.
El papel de la CFTC
Según OG, una vez que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) supervisa una bolsa, los estados no deberían regularla de una forma que prohíba operaciones autorizadas a nivel federal. OG sostiene que permitir a los estados prohibir transacciones en virtud de las leyes sobre juego socavaría el objetivo del Congreso de establecer un marco coherente para un mercado nacional de materias primas.
La empresa subraya que las bolsas autorizadas a nivel federal cumplen normas sobre integridad, gestión de riesgos y divulgación de información. Por tanto, permitir que cada estado establezca su propia regulación generaría incoherencias.
La CEA y la autoridad federal
La demanda de OG también cita la Ley de Bolsas de Materias Primas (CEA), que estableció el marco federal para los mercados de futuros, derivados y contratos. OG afirma que el Congreso creó este marco para evitar la fragmentación provocada por la coexistencia de leyes estatales contrapuestas. Según OG, una vez que la CFTC supervisa y autoriza el mercado de contratos, los gobiernos estatales no pueden interferir en el proceso calificándolo de juego.
La demanda advierte de que, si los estados determinan la legalidad de forma independiente, las plataformas podrían enfrentarse a demandas en una jurisdicción mientras operan legalmente en otra. Esto aumentaría los costes de cumplimiento, reduciría la eficiencia y desincentivaría la innovación. OG sostiene que las bolsas reguladas a nivel federal dependen de normas nacionales previsibles para garantizar la liquidez, una formación de precios justa y la igualdad de acceso.
La orden de la CFTC en Michigan
La demanda de OG se apoya en gran medida en la orden de emergencia emitida por la CFTC en julio de 2026 en relación con Michigan. En aquel caso, un tribunal estatal ordenó a Kalshi deshacer las posiciones de clientes de Michigan después de que los reguladores impugnaran sus contratos sobre eventos.
La CFTC intervino y pidió a Kalshi que siguiera respetando sus operaciones, dado que existía el riesgo de que la rápida intervención del estado alterara el funcionamiento ordenado de los mercados federales. Según OG, este episodio demuestra el problema que plantea la regulación estatal, ya que incluso el regulador federal reconoce esos riesgos.
Si los estados obligan a las empresas a rechazar o limitar su participación en las operaciones, el resultado será una distorsión del mercado, una formación de precios ineficiente y un trato desigual para los operadores. Al citar la intervención de la CFTC, OG sostiene que la regulación del Gobierno federal pretende garantizar el funcionamiento fluido de las empresas en todo el país.
Prevalencia de la legislación federal y cuestiones constitucionales
El argumento de OG se centra en el principio de prevalencia, según el cual la legislación federal se impone a la estatal cuando existe un conflicto entre ambas. OG afirma que la CEA otorga a la CFTC plena autoridad sobre los mercados de contratos, lo que limita el alcance de las leyes estatales. Según la empresa, permitir que Washington clasifique como juego contratos regulados a nivel federal abriría la puerta a que cada estado adoptara normas diferentes, lo que generaría incertidumbre para las bolsas y los participantes del mercado.
OG también cita la intervención de emergencia de la CFTC en Michigan, donde el regulador ordenó que las operaciones continuaran a pesar de la sentencia de un tribunal estatal. La empresa sostiene que esto demuestra que la propia agencia federal reconoce que la aplicación incoherente de las normas estatales amenaza la integridad del mercado. OG añade que una bolsa no puede funcionar de forma eficaz si cualquier operación debe cancelarse o restringirse debido a las leyes sobre juego de un estado. Esto no solo aumentaría los costes, sino que también limitaría la innovación y la liquidez del mercado.
Además de las dificultades relacionadas con la prevalencia de la legislación federal, OG plantea cuestiones constitucionales vinculadas al comercio interestatal. Según la demanda, una regulación estatal fragmentada impondría cargas a las bolsas que operan entre distintos estados. OG advierte de que las bolsas se enfrentarían a obstáculos operativos, como rastrear la ubicación de los consumidores, controlar el acceso y revertir operaciones que ya hubieran sido compensadas bajo supervisión federal. La empresa sostiene que estos costes perjudicarían a los mercados financieros de Estados Unidos.
OG sostiene que mantener un único marco federal es coherente con el objetivo del Congreso y favorece la equidad, la transparencia y la innovación en los mercados de predicción. Los tribunales decidirán si amplían o limitan estos mercados en función de su interpretación de esos principios.
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