La Corte Suprema de Brasil se pronunciará el 23 de abril sobre la prohibición del juego
La industria del juego en Brasil ha pasado los últimos 15 meses adaptándose a un nuevo marco legal. Desde el 1 de enero de 2025, los operadores de apuestas de cuota fija autorizados por el gobierno federal pueden operar a nivel nacional, con la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda supervisando el acceso al mercado, la autorización y el cumplimiento. La propia ley se centra en las apuestas de cuota fija, no en una legalización total de todos los formatos de juego. Esta distinción está ahora en el centro de una audiencia muy seguida en el Supremo Tribunal Federal, prevista para el 23 de abril.
En esa fecha, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil analizará si el país puede seguir criminalizando los juegos de azar en virtud de la Ley de Contravenciones Penales, una prohibición que se remonta a la década de 1940, o si esa restricción es incompatible con la Constitución de 1988.
Esto convierte la audiencia en un asunto relevante mucho más allá del ámbito penal. La reciente reforma de las apuestas en Brasil creó un mercado federal regulado para las apuestas de cuota fija y ciertos productos de juego en línea ofrecidos por operadores autorizados. Sin embargo, no resolvió el estatus de los casinos, las salas de bingo o los juegos de azar tradicionales dentro del marco penal anterior. En la práctica, el resultado es un mercado de doble vía: por un lado, un sector de apuestas recientemente licenciado y supervisado; por otro, un debate más amplio sobre el juego que sigue abierto. Para las empresas cotizadas, proveedores, inversores y nuevos actores del mercado, la audiencia del 23 de abril trata de determinar si la base constitucional de la histórica prohibición del juego en Brasil sigue vigente.
Lo que realmente dictaminará la Corte
El caso se originó en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil. Según Poder360, un medio digital brasileño centrado en política, derecho y asuntos públicos, la fiscalía estatal recurrió después de que un tribunal de apelación penal en Rio Grande do Sul considerara que operar juegos de azar no constituía un delito, al entender que la prohibición de 1941 entraba en conflicto con principios constitucionales como la libre empresa y las libertades fundamentales.
Jovem Pan, otro medio brasileño, informó recientemente en un editorial del periodista Bruno Pinheiro que el tribunal inferior concluyó que la conducta no era delictiva porque la prohibición de 1941 chocaba con principios constitucionales, entre ellos la libre empresa, la autonomía individual y la proporcionalidad. Ambos relatos apuntan a la misma cuestión clave: si una prohibición penal antigua puede mantenerse frente a un orden constitucional más reciente que da mayor peso a la libertad económica y a los derechos fundamentales.
En 2016, cuando el STF determinó que el caso tenía implicaciones más allá de las partes implicadas, Luiz Fux afirmó que la disputa planteaba una cuestión esencialmente constitucional. En palabras recogidas por Poder360, escribió entonces: “La cuestión sometida a este Supremo Tribunal Federal es eminentemente constitucional, ya que el tribunal inferior descartó el carácter penal de los juegos de azar basándose en preceptos constitucionales relativos a la libre empresa y a las libertades fundamentales”.
Por qué esto no es lo mismo que la reforma de las apuestas en Brasil
Para los ejecutivos internacionales del juego, el error más fácil es considerar esta audiencia como un capítulo más del despliegue de la ley de apuestas. No lo es. El mercado regulado que entró en funcionamiento en enero de 2025 se refiere a las apuestas de cuota fija bajo autorización federal, con operadores sujetos a normas de licencia, obligaciones de cumplimiento y restricciones de producto establecidas por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Premios y Apuestas. La propia guía del gobierno indica que, desde el 1 de enero de 2025, solo las empresas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas pueden operar a nivel nacional en apuestas de cuota fija, y que los sitios autorizados utilizan el dominio “.bet.br”. Ese régimen es administrativo y regulatorio. El caso del STF, en cambio, es constitucional y penal: plantea si el Estado puede seguir castigando la explotación de juegos de azar en virtud de una ley de los años 40.
No obstante, Bruno Pinheiro sostuvo que el momento coincide con el avance del mercado regulado de apuestas deportivas y con el debate en el Congreso sobre un proyecto de ley que legalizaría los casinos, el bingo y el jogo do bicho. Desde esta perspectiva, la audiencia no sustituye a la legislación, pero podría redefinir los términos del debate.
Una limitación constitucional de la prohibición penal de los juegos de azar no daría lugar por sí sola a un marco completo de operación para los casinos físicos o para todos los verticales del juego en línea. Sin embargo, podría eliminar o debilitar una barrera legal que ha condicionado el sector durante décadas y aumentar la presión sobre el Congreso y los reguladores para que llenen ese vacío con legislación moderna. Por eso el 23 de abril es relevante: no porque cierre el debate sobre el juego en Brasil, sino porque puede determinar qué parte de ese debate avanzará a continuación.
Esta cuestión llega justo cuando la industria se reúne en São Paulo para el BiS SiGMA América del Sur, que se celebra esta semana del 6 al 9 de abril, situando el cambiante mercado brasileño de apuestas y juego en el centro de la atención del sector global.
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