¿Los controles de solvencia para el juego en Reino Unido realmente son ágiles?
Una nueva intervención de Louie French, el ministro en la sombra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, ha vuelto a situar las evaluaciones de riesgo financiero en el centro del debate, mientras la Comisión del Juego insiste en que su programa piloto demuestra que los controles pueden ser específicos y ágiles.
El parlamentario advierte que los controles perjudicarían la confianza
El diputado conservador por Old Bexley y Sidcup afirmó que el sistema propuesto corre el riesgo de volverse demasiado intrusivo para los apostadores habituales. En un escrito publicado el 13 de mayo, French señaló que la prueba para cualquier nueva regulación debería ser simple: “¿funciona realmente y mejora la vida de las personas?”. Argumentó que todavía no se ha demostrado la necesidad de añadir una capa adicional de controles financieros.
La última disputa no gira en torno a si los operadores deben intervenir cuando los clientes muestran señales de daño. Sobre eso, hay poco desacuerdo. El conflicto se centra en si las denominadas Evaluaciones de Riesgo Financiero de la Comisión del Juego —conocidas como FRA— pueden aplicarse de la forma prometida por los ministros cuando se publicó el Informe oficial (White Paper) de 2023: en segundo plano, sin solicitar documentos y sin alejar a los clientes de las empresas con licencia.
“En el Informe oficial del Juego se prometieron controles ágiles, y los ministros asumieron ese compromiso”, escribió French. Añadió que a los clientes se les dijo que no habría complicaciones y que ningún apostador habitual tendría que entregar documentos privados solo para disfrutar de una apuesta.
Esa es ahora la principal línea de ataque de la industria. El Consejo de Apuestas y Juegos ha argumentado que, independientemente de cómo se diseñen los controles, la percepción pública podría bastar para perjudicar al mercado regulado. Una encuesta de YouGov realizada el 8 de abril para el organismo del sector reveló que el 65% de los clientes de apuestas no estaría dispuesto a proporcionar documentos como extractos bancarios o nóminas para seguir apostando.
La directora ejecutiva del BGC, Grainne Hurst, declaró: “Obligar a los apostadores a entregar extractos bancarios no es ‘ágil’, es intrusivo y empujará a los clientes al mercado ilegal, en lo que no existen ningún tipo de protección”.
French hizo la misma observación: si los clientes sienten que están siendo vigilados de forma excesiva por participar en una actividad legal, dijo, la confianza en el sistema empieza a erosionarse. “Eso no es una protección ligera; es intrusivo, confuso y completamente desproporcionado para alguien que simplemente quiere hacer una apuesta legal”, escribió.
La Comisión asegura que el piloto ha cambiado la base de pruebas
La respuesta de la Comisión a las preocupaciones de la industria, expuesta de forma más clara por el director ejecutivo Tim Miller en el foro Ethical Gambling Forum del 28 de abril, sostiene que gran parte de las críticas malinterpreta la propuesta.
Miller argumentó que el sistema actual ya está generando situaciones intrusivas porque los operadores utilizan enfoques inconsistentes y, en algunos casos, solicitan documentos a los clientes. “En 2026, no puede ser correcto que esto siga llevando a algunos operadores a pedir a los consumidores que compartan extractos bancarios y otra documentación financiera”, afirmó. “Ese enfoque está desfasado, es inconsistente y desproporcionado”.
La postura del regulador es que las FRA sustituirían las prácticas fragmentadas por un proceso más estandarizado, basado en referencias crediticias y dirigido a cuentas de alto gasto en las que pueda existir dificultad financiera. Miller dejó claro que los controles no estaban destinados a determinar cuánto puede permitirse perder una persona.
“Los umbrales propuestos para una evaluación no son límites ni topes sobre el gasto de los clientes”, afirmó. “No son ‘controles de solvencia’ con otro nombre: los controles que hemos estado probando ni siquiera intentarán evaluar cuánto puede permitirse apostar cada cliente”.
Las cifras del piloto constituyen la parte más sólida del argumento de la Comisión. Miller indicó que menos del 3% de las cuentas activas de clientes activarían medidas por parte de los operadores bajo las propuestas. De ellas, el piloto mostró que el 97% recibiría una evaluación sin fricciones. Añadió que solo el 0,1% de las cuentas activas requeriría una evaluación y no podría completarla de manera fluida, alrededor de una de cada 1.000 cuentas.
La Comisión también afirma que el piloto identificó un grupo de riesgo real. Miller señaló que los clientes del piloto tenían “entre dos y cuatro veces más probabilidades de contar con un plan de gestión de deuda” y “entre dos y cinco veces más probabilidades de haber incurrido en un impago en los últimos 12 meses” que consumidores comparables.
Para el organismo regulador, ahí está el núcleo de la cuestión. “En todo caso, gracias al piloto de Evaluaciones de Riesgo Financiero, ahora tenemos más pruebas de que el statu quo no puede mantenerse”, afirmó Miller.
Privacidad, carreras y mercado ilegal
La base legal para compartir datos ha formado parte del debate desde antes del Informe oficial. En una carta enviada en julio de 2023 a UK Finance, la Oficina del Comisionado de Información (el regulador británico de protección de datos) afirmó: “Consideramos que el RGPD permite a las agencias de referencia crediticia compartir información personal con operadores de juego con el fin de facilitar controles de riesgo financiero”.
Pero la Oficina del Comisionado de Información también subrayó ciertos límites: la información compartida, indicó, “debe limitarse a lo necesario”, y los operadores de juego deben proteger cualquier dato adicional que reciban.
Eso probablemente no bastará para disipar la preocupación comercial. Los operadores de carreras y apuestas llevan tiempo advirtiendo de que incluso una pequeña fricción entre los clientes de mayor valor podría tener un efecto desproporcionado en los ingresos, especialmente en un momento de mayores impuestos y competencia más agresiva por parte de sitios sin licencia.
Miller reconoció el riesgo del mercado ilegal y señaló que la Comisión recibió 26 millones de libras esterlinas (29,9 millones de euros) durante tres años para reforzar la aplicación de la normativa. En 2025-26, afirmó, emitió 741 órdenes de cese y desistimiento, reportó 397.527 URL a motores de búsqueda e interrumpió la actividad de 1.134 sitios web.
Personaliza tus noticias con las voces que definen el iGaming en todo el mundo. SiGMA World es la fuente de noticias más completa: voces de la industria, cobertura sobre mercados de predicción, novedades sobre casinos y noticias sobre regulación de todo el mundo.
