"Los mercados de predicción son apuestas sin licencia": WLA exige regulación global- Parte 2
En la primera parte de esta serie se explicó cómo los mercados de predicción han crecido a una velocidad sin precedentes aprovechando vacíos regulatorios. En este segundo segmento, exploramos cómo la Asociación Mundial de Loterías (WLA) detalla los riesgos concretos para los consumidores, el deporte y el sector regulado, y establece las responsabilidades de cada actor.
Sin licencia, sin controles: los riesgos que nadie vigila
La WLA, junto con la organización Loterías Unidas por la Integridad en el Deporte, conocida como ULIS por sus siglas en inglés, identificó cuatro áreas de riesgo consideradas urgentes. La primera es la más directa: estas plataformas operan ilegalmente en decenas de jurisdicciones porque no han obtenido las licencias de juego o de apuestas deportivas que la ley exige.
Para la asociación, el problema de la integridad deportiva puede ser el más grave a largo plazo, ya que a diferencia de los operadores con licencia, que están obligados a reportar transacciones sospechosas a los cuerpos de integridad del deporte, las plataformas de predicción no tienen ninguna obligación de monitoreo ni de reporte. La WLA advierte en su documento que esto las convierte en un punto ciego en la red global de vigilancia de la integridad deportiva, un punto que puede ser explotado fácilmente por quienes buscan lucrar con resultados manipulados.
La apuesta de USD $400.000 que encendió las alarmas en Washington
Un caso concreto que ilustra este riesgo, poco antes del anuncio público de una operación encubierta de Estados Unidos que condujo a la salida del poder del expresidente venezolano Nicolás Maduro, un pequeño número de cuentas recién creadas colocó grandes apuestas muy concentradas sobre ese resultado exacto, generando ganancias superiores a 400.000 dólares. La especificidad y el momento de esas operaciones desencadenaron llamados formales de legisladores estadounidenses para que se investigara el caso, según recoge la WLA en su documento de posición.
A esto se suma una ausencia total de protección para los consumidores, según la WLA: “Los menores pueden acceder a las plataformas, incluyendo las basadas en billeteras de criptomonedas sin requisitos de identidad, sin barreras efectivas.” No hay mecanismos de autoexclusión. No hay límites de gasto. No hay evaluaciones de solvencia. Las personas que ya se han autoexcluido de operadores con licencia pueden, sin ningún obstáculo, ingresar a estas plataformas y seguir apostando.
El impacto en las causas sociales que financian las loterías reguladas tampoco es menor, en el año fiscal 2024, el ecosistema global de loterías reguladas y apuestas deportivas devolvió 109.000 millones de dólares en apoyo a causas sociales como: salud, educación, cultura y bienestar social. La WLA estima que si los mercados de predicción captaran apenas el 5% de los ingresos brutos anuales del sector de loterías reguladas, la desviación anual de recursos destinados a causas de beneficio público superaría los 2.000 millones de dólares anuales.
De advertencias a prohibiciones: cómo los países responden a los mercados de predicción
La respuesta regulatoria internacional ha comenzado a tomar forma, aunque de manera desigual. En Europa por ejemplo, Alemania y Francia han emitido advertencias legales explícitas. Los Países Bajos dictaron decisiones administrativas con sanciones. Polonia, Suiza, Bélgica, Portugal, Rumanía y Hungría han bloqueado o incluido estas plataformas en listas negras, mientras que España ha declarado un bloqueo preventivo, y la DGOJ, ente regulador en España, lleva a cabo las investigaciones correspondientes.
Lo que está sucediendo con los mercados de predicción en las diferentes jurisdicciones globales no es una estrategia coordinada, sino una serie de respuestas individuales que van en la misma dirección. Australia los declaró como ilegales.
En febrero de 2026, la Comisión de Juego del Reino Unido les concedió una licencia de intermediario. Taiwán, Singapur e India interrumpieron el acceso.
La situación es aún más fragmentada en Estados Unidos: a pesar de la cobertura federal de la CFTC, más de diez estados han emitido órdenes para cesar y desistir y siete continúan litigando en cortes federales , mientras que la WLA alerta que el litigio podría llegar al Tribunal Supremo antes de 2028.
En Latinoamérica, Colombia fue la primera en bloquear (enero de 2026), seguida por Argentina (marzo de 2026) y Brasil (abril de 2026), mientras que Venezuela, Cuba y Nicaragua ya estaban en la lista oficial de restricciones desde 2024 por sanciones internacionales y regulaciones locales, según Polymarket detalla en su sitio web.
Qué deberían hacer reguladores, deportes y operadores ahora mismo
La WLA es explícita sobre lo que cada actor debe hacer: a los reguladores y gobiernos les exige adoptar una definición funcional de apuesta deportiva que abarque cualquier contrato que ofrezca un retorno financiero condicionado al resultado de un evento, independientemente del nombre que le ponga el operador.
A los organismos deportivos les pide que incorporen restricciones a los mercados de predicción en los códigos de conducta de atletas, árbitros y personal de apoyo, prestando especial atención al riesgo de información privilegiada. A los operadores con licencia que hayan ingresado a estos mercados, como FanDuel y DraftKings, que renunciaron a la Asociación Americana de Juego precisamente por esta razón, se les exige aplicar los mismos estándares de juego responsable que en sus productos principales y abogar por que esos estándares sean obligatorios para todo el sector.
La WLA expone su postura de una manera tan clara que no admite interpretaciones intermedias: “Cualquier plataforma que acepte dinero de consumidores a cambio de un retorno condicionado al resultado de una competición deportiva u otro evento está operando un producto de apuestas y requiere la licencia aplicable en cada jurisdicción donde acepte clientes. Operar dicha plataforma sin una licencia local es ilegal, independientemente de cómo se denomine el producto.” El llamado, en definitiva, no es a esperar que la industria se autorregule , sino a que Estados actúen con las herramientas legales que, en la mayoría de los casos, ya existen.
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