Georgia prohíbe el juego a más de 1,5 millones de ciudadanos
Georgia ha incluido a más de 1,5 millones de ciudadanos en un registro nacional de exclusión del juego, lo que la convierte en una de las intervenciones regulatorias más agresivas contra el juego vistas en cualquier parte de Asia Central y Europa.
Según las cifras publicadas por el Servicio de Ingresos del país, un total de 1.577.247 personas figuraban en el registro de exclusión a finales de 2025. La cifra cumple el objetivo fijado por el ex primer ministro Irakli Garibashvili, que se había comprometido a bloquear a al menos 1,5 millones de ciudadanos de las actividades de juego. Con la población de Georgia situada en torno a los 3,7 millones, los datos sugieren que casi la mitad de los residentes del país tienen ahora prohibido jugar.
La magnitud de las exclusiones refleja un esfuerzo gubernamental más amplio para abordar lo que las autoridades han descrito como un problema creciente de salud pública y de carácter social. La adicción al juego, especialmente entre los adultos jóvenes, ha sido citada repetidamente por los responsables políticos como una fuente de endeudamiento de los hogares, rupturas familiares y caída de la productividad.
Solo 36.000 optaron por la autoexclusión
A pesar de la cifra principal, los datos oficiales muestran que la autoexclusión voluntaria sigue siendo limitada. Solo unas 36.000 personas eligieron excluirse del juego por temor a conductas perjudiciales. Otras 62 personas fueron añadidas mediante órdenes judiciales.
La mayoría de las exclusiones se realizaron de forma automática o mediante solicitudes digitales presentadas a través del portal en línea del Servicio de Ingresos y de la plataforma Videocall.rs.ge. Aunque por ahora se desconocen las consecuencias exactas de las infracciones o del acceso no autorizado, es probable que puedan derivarse sanciones o penas de prisión.
Según las leyes del juego de Georgia, determinadas categorías de ciudadanos se incorporan automáticamente a la lista de exclusión. Entre ellas figuran los empleados del sector público y las personas con antecedentes penales. Las autoridades sostienen que estos grupos son vulnerables desde el punto de vista financiero o se enfrentan a probables conflictos de intereses, por lo que las restricciones son necesarias para prevenir daños y corrupción.
La responsabilidad de supervisar el registro de exclusión se transfirió formalmente al Servicio de Ingresos en 2025, tras las modificaciones de la legislación del juego del país. La medida amplió el papel del organismo más allá de la recaudación fiscal, al convertirlo en responsable de supervisar a los operadores de juego con licencia y de hacer cumplir las normas de exclusión.
Aumenta la edad legal para jugar
Estas medidas siguieron a una serie de cambios regulatorios introducidos en 2024, en particular la decisión de elevar la edad legal para jugar a 25 años. La medida situó a Georgia entre las jurisdicciones más estrictas de Europa en materia de restricciones de edad, con el argumento oficial de que los adultos jóvenes son especialmente susceptibles a la adicción al juego y a la angustia financiera.
Aunque Garibashvili dimitió en 2024, su sucesor Irakli Kobakhidze, también del partido gobernante Sueño Georgiano, ha mantenido la línea política. Bajo el liderazgo de Kobakhidze, los locales de juego deben utilizar ahora sistemas de identificación biométrica para verificar la identidad de los clientes e impedir que las personas excluidas accedan a servicios de juego.
La reforma regulatoria también ha reconfigurado el panorama económico del sector. Los titulares de licencias de juego están ahora sujetos a un impuesto del 15% sobre los ingresos brutos del juego, lo que incrementa el coste de operar en el mercado georgiano. Además, los ciudadanos georgianos deben pagar un impuesto personal sobre la renta del 5% sobre las retiradas de ganancias de juego.
Los jugadores extranjeros pueden jugar
Los jugadores extranjeros, sin embargo, están exentos de estos cargos. El Gobierno ha sostenido que el juego en Georgia debería estar orientado principalmente a visitantes internacionales, mientras que la participación nacional debe estar estrictamente controlada para proteger la seguridad económica de los ciudadanos y el bienestar general.
Mientras que los partidarios sostienen que las medidas suponen una respuesta contundente al daño asociado al juego, los críticos advierten de que unas restricciones tan extensas podrían empujar a los jugadores hacia plataformas no reguladas o en el extranjero, lo que podría perjudicar la protección del consumidor.
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