El mismo lunes 20 de julio, en que Gustavo Petro pronunció su último discurso público como presidente, tras el desfile militar por el Día de la Independencia de Colombia, su Gobierno radicó en el Congreso una nueva reforma tributaria: la cuarta de su administración, que otra vez pone en la mira a los operadores de juego online.
El proyecto fue presentado ese mismo día por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, junto a congresistas en su mayoría del Pacto Histórico, y busca recaudar $21,9 billones de pesos en 2027 para cerrar un desequilibrio fiscal que, según el Ministerio de Hacienda, se agravó porque más del 90% del presupuesto corresponde a gasto inflexible.
Un impuesto que ya se había caído antes
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta gravar más al juego en línea, en diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró un estado de emergencia económica y expidió el Decreto 1474, que incluía un IVA del 19% a las apuestas deportivas en línea y los casinos en línea.
Un comunicado de la Corte Constitucional en el que se especificaba que el decreto sobre licores, patrimonio y juegos de azar no tendría efectos mientras se tomaba una decisión de fondo, reportó que la Corte Constitucional suspendió ese decreto como medida cautelar en enero de 2026.
Por qué lo tumbó la Corte
Un comunicado de la Corte Constitucional, en el que se especificaba que el decreto sobre licores, patrimonio y juegos de azar no tendría efectos mientras se tomaba una decisión de fondo, informó que la Corte suspendió dicho decreto como medida cautelar en enero de 2026.
El tribunal supremo determinó, con una votación de 6 a 2, que las circunstancias mencionadas por el Ejecutivo eran previsibles y estructurales, y que debían ser manejadas a través de mecanismos ordinarios en lugar de poderes excepcionales que evadieran la supervisión del Congreso.
Es decir: el impuesto al juego no cayó por decisión del Congreso ni por votación en contra de la medida en sí, sino porque la Corte consideró inválido el mecanismo, la emergencia económica, que el Gobierno usó para imponerlo.
El debate que no se cerró
Tras el fallo, el debate no quedó cerrado: Petro ya había anunciado que radicaría una nueva reforma tributaria ante el Congreso, y advirtió que si no se aprobaba, podría decretar otra emergencia económica. Ese anuncio es, en esencia, lo que se concretó el 20 de julio.
El nuevo proyecto traslada esa misma medida sobre el juego a un trámite legislativo ordinario, ya no por decreto. El artículo 5 del proyecto modifica el Estatuto Tributario para que los juegos operados por internet queden gravados a la tarifa general del 19% de IVA desde el 1 de enero de 2027, en reemplazo del impuesto al consumo que hoy aplica solo para 2026.
El propio Ministerio de Hacienda planteó este argumento en la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria radicado el 20 de julio: gravar con IVA los juegos de azar en línea corrige una distorsión de mercado, pues sin ese impuesto estos servicios digitales tendrían una ventaja frente a los establecimientos físicos de juego, que sí lo pagan. Según los cálculos del Gobierno, esta medida por sí sola generaría un recaudo de $1,7 billones de pesos para el presupuesto de 2027.
El juego no es el único punto sensible. La reforma también endurece la carga sobre las ganancias ocasionales derivadas del azar: la tarifa del impuesto para premios provenientes de loterías, rifas y apuestas subiría del 20 por ciento actual al 30 por ciento. El proyecto plantea fijar en ese nuevo porcentaje la tarifa aplicable a este tipo de ingresos. Mientras el proyecto surte su trámite en el Congreso, la tarifa vigente sigue siendo del 20%.
La reforma no solo afecta al sector del juego, sino que también intenta restablecer el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos; incrementar los impuestos de combustibles, cigarrillos y vapeadores; y disminuir el umbral desde donde se paga el impuesto al patrimonio.
¿Qué sentido tiene radicarla tan tarde?
El ministro de Hacienda justificó la decisión como una señal de responsabilidad fiscal: busca garantizar el equilibrio de las cuentas públicas para 2026 y los años siguientes, ante los ingresos que el Gobierno no logró recaudar con los intentos anteriores. El proyecto no obliga al Gobierno entrante a adoptarlo. A partir del 7 de agosto, la nueva administración podrá acogerlo, ajustarlo o descartarlo por completo.
La recepción no ha sido favorable: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó la iniciativa de innecesaria, mientras que congresistas de oposición dudan de que consiga los votos para avanzar, sobre todo porque llega en un Congreso que, en la recta final de cualquier periodo presidencial, suele sesionar con baja asistencia y bancadas más concentradas en la contienda electoral que en el trámite legislativo. El antecedente tampoco juega a favor: de las tres reformas tributarias que este Gobierno intentó sacar adelante desde 2022, solo la primera completó su trámite.
Una reforma contra el reloj
El mandato de Petro termina el 7 de agosto de 2026, cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella asuma el cargo para el período 2026-2030. De las cuatro reformas tributarias que el Gobierno Petro ha intentado desde 2022, solo una, la Ley 2277 de 2022, ha sido aprobada. Medios locales manifestaron que esta última iniciativa, radicada a menos de tres semanas de dejar el cargo, enfrenta grandes retos por delante en el Congreso.
Lo que sí queda claro es que, por segunda vez en siete meses, la industria del juego en línea en Colombia vuelve a estar en el centro del debate fiscal del país, esta vez no por decreto, sino por la vía que la propia Corte Constitucional señaló: el Congreso.
No te pierdas lo último y únete a la comunidad de iGaming más grande del mundo con el top 10 de noticias de SiGMA. Suscríbete AQUÍ para recibir actualizaciones semanales de la autoridad mundial del iGaming y ofertas exclusivas para suscriptores.



